La decisión del ministerio de Capital Humano se basa en que la intermediación no fue eficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal.
Tras haber detectado “ineficiencias”, el Ministerio de Capital Humano ha decidido reemplazar el Plan Potenciar Trabajo -aproximadamente 1.300.000 empadronados- por dos nuevos programas. Se trata del “Programa Volver al Trabajo” (creado por decreto 565/23) y el «Programa de Acompañamiento Social».
Según informó la periodista Liliana Franco en Ámbito, el propósito es “promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular”. En tanto que el segundo se establece “con la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social” según señaló la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Un aspecto innovador del “Volver al Trabajo” es que permite a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir ingresos mensuales de hasta $540.000 para aquellos que están formalmente empleados.
Se trata de un cambio significativo respecto del Potenciar, que limitaba esta compatibilidad a un solo SMVM, “desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal”.
Los registros de Capital Humano arrojan que, de un total de 1.400.000 participantes del Potenciar, “apenas el 1,3% consiguió transitar hacia un empleo formal, un porcentaje que pone de manifiesto una marcada ineficacia en el cumplimiento de los objetivos de empleabilidad del programa”.
Sin intermediarios
Los beneficiarios de los nuevos programas «Volver al Trabajo» y «Programa de Acompañamiento Social» accederán a la ayuda de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.
Para evitar la intermediación, Capital Humano tomó distintas medidas. Una es que “los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”.
Asimismo, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.
Triste récord
“Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el Plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad”, sostiene un estudio del ministerio de Capital Humano.
Agrega que “las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan «gerentes de la pobreza», controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”.
La cartera sostiene que “esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de u$s34 millones”.
Y considera que este flujo monetario “se ha desviado de su propósito inicial, cuestionando la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos destinados al Plan Potenciar”.
Según la información oficial, la estabilidad en el número de beneficiarios demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal.
Se señala que las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite, evidenciando una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socio-económica de los participantes.
Las causas de baja más significativas “no se deben a una exitosa inserción laboral sino a procesos de fiscalización y control, que resultaron en la identificación de cerca de 50.000 casos de incompatibilidad, gracias a las denuncias de la justicia y al cruce de datos entre las bases del Potenciar, Synthesis y ANSES”.
El informe oficial da cuenta también que “entre los aspectos más llamativos y críticos de su implementación, resalta el manejo de la información y datos de los beneficiarios a través de un método sorprendentemente rudimentario y poco seguro: un archivo de Excel.
Este archivo, que contenía una asombrosa cantidad de 1.400.000 filas, se convirtió en el corazón operativo del programa, un «triste récord» que pone en evidencia la falta de sistemas adecuados de gestión de datos y transparencia”.
Presencialidad
Tras la asunción del nuevo gobierno, se eliminó la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión. “Este cambio, aparentemente menor, tuvo un impacto significativo en la dinámica de control que las organizaciones sociales ejercían sobre los beneficiarios. Al perder su capacidad para manejar y monitorear la asistencia de los participantes, estas organizaciones vieron disminuida su influencia, desmontando efectivamente su papel de «gerentes de la pobreza», sostiene el ministerio.
En la cartera que conduce Pettovello sostienen que “La reacción a este cambio fue la convocatoria a una marcha por parte de dichas organizaciones, en un intento por reafirmar su posición y control sobre el programa y sus beneficiarios. Sin embargo, lejos de mostrar fuerza o unidad, la convocatoria resultó ser un fracaso, evidenciando la disminución de su poder y legitimidad ante los cambios implementados”.
Volver al Trabajo
El programa “Volver al Trabajo” se centra en la población de 18 a 49 años, y apunta a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin último de incorporar a estas personas en el mercado de trabajo formal. Se estima que abarcará alrededor del 75% de los beneficiarios del programa anterior.
La información oficial señala que “con una asignación dineraria mensual significativa y un presupuesto que excede el billón de pesos, el programa no solo promete aliviar la coyuntura económica inmediata de los trabajadores, sino también propiciar un desarrollo económico y social a largo plazo”.
En función de estos objetivos, el programa contempla:
Provisión de servicios para guiar a los beneficiarios en el proceso de búsqueda de empleo.
Conexión entre los participantes y potenciales empleadores para facilitar el acceso a oportunidades laborales.
Cursos y formación profesional orientados a mejorar las habilidades y competencias laborales de los participantes.
Evaluación y certificación oficial de las habilidades laborales basadas en la experiencia previa.
Experiencia práctica en ambientes laborales reales para aplicar y perfeccionar habilidades profesionales.
Acciones enfocadas en facilitar la entrada al trabajo asalariado registrado y al trabajo independiente y autogestionado.
Apoyo a iniciativas productivas individuales, asociativas o familiares para su desarrollo y sostenibilidad.
Programas destinados a completar la educación formal y desarrollar competencias básicas esenciales para el mercado laboral.
La duración del programa se estableció en 24 meses y “la modalidad de pago de la asignación dineraria, directa y personalizada, garantiza que los recursos lleguen efectivamente a quienes están comprometidos con su desarrollo laboral y profesional”.
Acompañamiento social
El programa “Acompañamiento Social” tiene como fin último “mejorar las condiciones de vida de los mayores de 50 años, las madres de más de cuatro hijos, y de los adultos mayores que enfrentan desafíos relacionados con la salud, la soledad y la seguridad financiera”.
Las acciones clave incluyen:
Organización de talleres y diálogos sobre educación, salud, nutrición, y derechos humanos que fortalezcan el tejido social y comunitario.
Identificación y aprovechamiento de oportunidades económicas para incrementar los ingresos del hogar.
Facilitación de acceso a recursos disponibles a nivel local y nacional.
Mejora de la Unidad Productiva Familiar. Asistencia técnica y capacitaciones para impulsar emprendimientos socio-productivos.
Apoyo financiero y técnico para proyectos que fomenten la economía solidaria.
Asesoramiento para el proceso jubilatorio.
Ofrecimiento de herramientas e información para facilitar la transición al retiro.
Implementación de prestaciones económicas o materiales para asegurar una nutrición adecuada.
Establecimiento de sistemas de transferencia de recursos transparentes y objetivos para mejorar la alimentación.
La información oficial destaca que “las prestaciones monetarias y no monetarias del programa se centran en reforzar la capacidad de las familias para integrarse socialmente y romper el ciclo de pobreza intergeneracional”. Aclara que el apoyo monetario se otorgará por beneficiario, alineándose con la estructura del anterior programa Potenciar Trabajo.
Cada prestación se definirá en las resoluciones específicas del programa, que también detallarán su duración y posibles actualizaciones. La inversión social comprometida asciende a más de un billón de pesos.
Se señala también que “la condicionalidad del programa promueve la responsabilidad y el compromiso de las familias en cumplir con los controles de salud y educación”. El diseño del programa contempla los beneficiarios participen voluntariamente en actividades del «Programa Volver al Trabajo».
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